En el mes de septiembre del año 2021, la administración encabezada por el actual alcalde, Armando Flores Jiménez, tomó conocimiento de observaciones realizadas por la delegación Presidencial en el marco de la entrega de recursos del año 2020 referente a la compra de insumos de desinfección y servicios de sanitización para mitigar la propagación del COVID en la comuna de Vallenar.
A raíz de estas observaciones, el alcalde, instruyó un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidades por parte de funcionarios del municipio, ya que las observaciones apuntaban a devolver una suma aproximada de 43 millones de pesos.
En este sentido, la Fiscal de dicho sumario detectó diversas irregularidades que ocurrieron en este proceso, principalmente por la suscripción de un contrato de trato directo por una suma de 9 millones y medio, el que posteriormente vio modificado su valor por 43 millones.
Al respecto conversamos con Paula Garay, directora de Jurídica, quien expresó que la fiscal, al revisar los antecedentes, concluyó que “esta situación no se justificaba, porque atentó contra lo establecido en la ley de compras, ya que debería haberse llamado a licitación pública para que se desarrollara este servicio de sanitización”.
No obstante, esta no fue la única irregularidad detectada, puesto que como comentó Garay. “Se hizo este pago al prestador de servicios sin tener el respaldo suficiente que el servicio de sanitización se hubiese llevado de manera correcta, y se dictaron los actos administrativos sin tener este respaldo, por lo anterior la Fiscal del sumario sugirió como medida disciplinaria la destitución del director de Administración y Finanza, Sr. Pablo Lanas, y la aplicación de multas a dos funcionarios que se vieron involucrados en este proceso. También sugirió a que se deriven estos antecedentes a la dirección Jurídica para que realice la denuncia en Fiscalía ante un eventual delito de malversación de fondos públicos”, expuso la abogada.
En efecto, se tomó esta indicación teniendo en consideración que, en el mes de febrero, de este año, el municipio tuvo que hacer el reintegro a la delegación Presidencial con fondos propios, hecho que atenta contra el patrimonio de la institución pública.
Es así, como a través del equipo jurídico del municipio se hizo la presentación de esta denuncia.