Una fecha que, nos recuerda el trabajo que se realiza en diversas áreas de la sociedad y los nuevos desafíos que se deben enfrentar, sobre todo, en una país, con nuevas miradas generacionales, que exigen nuevas formas de inclusión. En ese sentido, en una entrevista en nuestro matinal “Un Nuevo Día”, la seremi de Justicia en Atacama, Margarita Contreras, conversó acerca de este importante tema.
“No todos somos iguales, pero sí todos tenemos la oportunidad de ser parte de proyectos en común y sueños en comunes, sobre todo, en lo educativo, donde siempre ha sido un desafío, ya que desde las aulas llevamos años trabajamos con inclusión social, cognitivo, de género con nuestros estudiantes. Ahora, en lo laboral, es donde ha marcado la diferencia, ya que estos últimos años, se han generado nuevos espacios para incorporar a todos”, destacó la autoridad regional.
De igual manera, se refirió a que la discriminación es un sesgo que aún hay en la sociedad, sin embargo, en cuanto a la educación pública, es uno de los espacios donde menos se lleva a cabo: “El poder ingresar a las universidades, el alto costo del acceso a la salud, en justicia también se generan discriminaciones como en la defensa, sin embargo, hemos realizado cambios, donde actualmente está la Defensoría Pública y laboral, organismos que permiten a la comunidad contar con apoyo jurídico. En materia de familia y mediación hay avances, donde se han buscado cerrar brechas, creando instrumentos que tiendan acercar la justicia a las personas”, declaró Contreras.
CORTE DE APELACIONES
En cuanto a los cambios que se están realizando en la Corte de Apelaciones de Copiapó, la Seremi de Justicia, contó que: “Se inició el año judicial 2022 y se entregó la presidencia de la Corte de Apelaciones a la nueva ministra, María Araya, donde esperamos que se mantenga el status quo, para que se retome la normalidad del trabajo que realizan en la región”.
En ese sentido, es que además, manifestó que el trabajo realizado en su cartera, acerca de implementación de Derechos Humanos es satisfactorio, especialmente la alianza con el Instituto de Derechos Humanos de Atacama: “Tenemos una excelente relación y eso nos permitió conocer el proyecto que tiene el organismo, y apoyarlos, donde debemos entender que nace con el objetivo de cuidar todos contra el abuso de poder, por parte de agentes del Estado, donde no sólo son las Fuerzas Armadas, sino que todo el Estado en sí”.
Por último, “Nosotros tenemos un diseño, que dejó el gobierno anterior, el que buscamos trabajar, sin embargo, la pandemia, no permitió que pudiéramos avanzar en un recinto penitenciario. El que, inicialmente contaba con una capacidad de 4800 personas, con el gobierno de Bachelet se disminuyó, y con esta nueva administración se terminó el primer diseño, que es la cárcel, donde estaba incompleto, especialmente con la construcción de una caletera para evitar el pago del peaje, de internos, familia, funcionarios de justicia, lo que sin lugar a dudas será una complicación, el que tendrá un costo de 250 millones de pesos”, donde además, recalcó: “a esta situación se suma la no existencia de un diseño de aguas grises, donde finalmente hemos invertido 500 millones disponibles y sólo falta que el MOP, comience el diseño y a la fecha no tenemos respuesta, y entendemos que se debe retomar, principalmente por lo que fue la pandemia”, concluyó Contreras.