Tras una larga tramitación, la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas antipersonales u otros artefactos explosivos militares abandonados en el territorio nacional. La iniciativa fue ingresada en el año 2013, luego que la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), detectara que 140 personas habían fallecido o sufrido lesiones como consecuencia de la explosión de minas antipersonales.
Al respecto, la diputada DC, Yasna Provoste, al intervenir en la Sala, señaló que «la discusión no sólo se debe centrar respecto de los recursos económicos que se le debe dar a las víctimas, que por cierto consideramos que son necesarios y que ahora son muy mezquinos para quienes han debido enfrentar una situación muy compleja, sino que debemos enfocarnos en que Chile cumpla las convenciones internacionales, porque nuestro país está al debe en esta tarea».
«Lo que hemos vivido en los últimos días en la región de Atacama, da cuenta de una nueva luz de alerta que se debe poner en esta mirada. Los aluviones que hemos tenido que enfrentar en la zona norte del país, por el cambio climático, también pone en atención respecto de este sembradío de minas antipersonales, que se realizó en la zona norte el Gobierno de Chile en la década de los 70, porque con el escurrimiento de tierras ha generado movimientos de estas minas, provocando temor y preocupación, sobre todo en organizaciones como la de víctimas y mutilaciones en Caldera», sostuvo la parlamentaria.
Por lo anterior, señaló Provoste «es necesario que el Ministerio de Defensa entregue un estudio pormenorizado respecto de si el movimiento de tierras provocado por los aluviones generó el desplazamiento de minas anti personales en el norte».
Cabe mencionar que, según los registros vigentes, existen en Chile 93 víctimas directas en esta materias y 37 víctimas indirectas.