La Reforma al Código de Aguas, que aún se discute en el Congreso, sin duda es un importante avance para la actualización de políticas públicas en materia de aguas, un primer paso para construcción de una hoja de ruta hacia transformaciones reales y genuinas que permitan garantizar el recurso como un bien de uso público, su resguardo y sustentabilidad frente a la crisis hídrica y cambio climático.
La discusión política se ha centrado en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, particularmente respecto a limitar el tiempo en que podrán ser otorgados, con el fin de regular el uso efectivo del recurso, disponibilidad y sustentabilidad; en concreto, el texto legal, hasta ahora, establece derechos de aprovechamiento temporales y reemplaza en estos derechos el término de “propiedad” sobre las aguas a la “entrega de su ejercicio y goce”.
Por lo visto, en esa línea, se busca entregar mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA), para reducir el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, suspensión temporal o dejarlo sin efecto, en casos graves de afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae; considerando especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica; además de establecer y mantener una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas superficiales, subterráneas, glaciares y nieves en cada cuenca u hoya hidrográfica, información que será pública y a disposición en su página web.
Por otra parte, establece la obligación de contar en cada cuenca con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, la creación de un Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y ejecutado por la DGA, que financiará investigaciones necesarias para la adopción de medidas para la gestión de recursos hídricos y el seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, entre otros aspectos generales.
Una reforma al actual Código de Aguas que busca dotar al Estado de mayores facultades regulatorias, que solo se podrá llevar a la práctica si la discusión política concentrara también la mirada de todos los actores y agentes del Estado, considerando mayores tecnologías, capacidad de gestión y desarrollo, y garantizar el funcionamiento del aparato público en esta materia para el cumplimiento de este texto legal, para que no solo quede en el tintero.
Nuestra Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (JVRH), ha trabajado incasablemente para implementar tecnología e infraestructura que permita el uso eficiente del recurso hídrico, además de acompañar, apoyar, contener y dotar de herramientas a nuestros usuarios.
Avanzamos en un estudio hidrogeológico en el tramo 1 que nos permite conocer las reservas del subsuelo y próximamente se hará recuperación de pozos de aguas subterráneas como parte del Plan Estratégico de tener soluciones cuando ocurra una crisis hídrica, asimismo se proyecta la construcción de embalses de regulación con el mismo propósito.
Estamos convencidos la administración del recurso hídrico de forma eficiente se construye con las competencias de todos los organismos relacionados; el Estado, la comunidad, los regantes de valles, organismos privados y por quienes contribuimos día a día en el óptimo desarrollo, distribución y cuidado de las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas de ríos.
El cuidado y protección del recurso hídrico de nuestro país, principalmente el de nuestra provincia, es tarea de todos y todas.