Siete personas fueron catalogadas por el INDH como víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, lo que permite que las y los afectados postular -cumpliendo otros requisitos- a una pensión de gracia, otorgada por el Gobierno.
Esta reparación está incorporada en una glosa de la ley de presupuestos y contempla a aquellas personas que, a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante.
Desde esa fecha hasta al 31 de marzo, según un informe de la Fiscalía Nacional, se contabilizaron 8.510 víctimas de violencia por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. En su gran mayoría, las y los imputados son carabineros, seguidos de funcionarios del Ejército.
El director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que el organismo despejó el debate sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde el 18 de octubre de 2019.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, desconoció estos atropellos y señaló que son los tribunales de Justicia los que deben determinar si hubo o no vulneración de estas garantías.
Según establece Chile Atiende, las pensiones de gracia tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad social. Es un monto variable y fijado en ingresos mínimos no remuneracionales.
La pensión puede ser otorgada por un período definido o de manera vitalicia, según corresponda.