El Consejo Nacional de Educación adoptó la decisión por la unanimidad de sus miembros, al verificarse que el plantel incumplió sus objetivos e incurrió en infracciones graves a sus estatutos.
El pasado 30 de marzo, y tras llevar a cabo un proceso de investigación, la Superintendencia de Educación Superior solicitó al Ministerio de Educación que revocara el reconocimiento oficial y cancelara la personalidad jurídica de la Universidad La República (ULARE), tras constatar una grave crisis financiera, patrimonial y administrativa en ese plantel.
Esa decisión debía ser adoptada por el ministerio en acuerdo con el Consejo Nacional de Educación (CNED). Para esto, el 9 de abril la Subsecretaría de Educación Superior envió a la entidad un oficio solicitando su acuerdo para proceder a la revocación del reconocimiento oficial de dicha universidad.
El Consejo finalmente resolvió ayer –en una sesión extraordinaria y por la unanimidad de sus miembros en ejercicio– aprobar la solicitud realizada por la Subsecretaría de Educación Superior, en una decisión que se hizo pública este jueves. Con esto, se confirma el proceso de cierre del plantel privado.
El CNED acogió la solicitud al verificarse las causales contenidas en el artículo 64 del DFL N° 2 de 2009 del Mineduc –en las letras a) y c)–, referidas al “no cumplimiento de sus objetivos estatutarios y por haber incurrido en infracciones graves a sus estatutos”, explicó mediante una declaración.
“El proceso deliberativo del CNED incluyó la revisión y análisis de antecedentes, así como la información proporcionada por los distintos representantes de la universidad y del Ministerio de Educación”, señalan desde la entidad. Detallan que “fueron invitadas y oídas las autoridades de la institución”, incluyendo al rector, presidente de la junta directiva, vicerrector académico y director de finanzas; y que la presidenta y la secretaria ejecutiva del CNED se reunieron además con representantes de los estudiantes de distintas sedes de la universidad.
“Tras analizar y ponderar los antecedentes que han sido conocidos en este proceso, el Consejo estima que el debilitamiento institucional es tan severo, que no permite a la universidad contar con los elementos básicos para desarrollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una institución de educación superior autónoma.
De este modo, a juicio de este Consejo, se han verificado efectivamente las infracciones”, afirma. El Consejo también argumentó que aprobó la solicitud debido a pensando en el “futuro de los estudiantes de la Universidad de la República”, ya que el camino propuesto por el Mineduc “es el que mejor resguarda que los estudiantes de la universidad puedan dar continuidad a sus procesos formativos y ver recompensados sus esfuerzos y los de sus familias con la obtención de títulos profesionales de acuerdo a la forma que la ley prescribe”.