Ayer el Tribunal Ambiental conoció detalles del pacto, con el que la estatal asegura que cumple “holgadamente” el posible daño provocado en la división Salvador.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta conoció ayer los detalles del confidencial acuerdo mediante el cual Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) buscan dejar sin efecto la demanda interpuesta por este último organismo en contra de la minera por el supuesto daño ambiental producido en la división Salvador y que tiene en vilo el futuro de dicho centro de trabajo.
El acuerdo, del cual no se conocían detalles hasta ahora, es clave para viabilizar uno de los proyectos estructurales de Codelco, Rajo Inca, cuya inversión supera los US$1.200 millones, y que busca extender en 40 años la vida útil del yacimiento, ubicado en la Región de Atacama.
En cuanto al documento, se trata de más de una decena de compromisos adoptados por la Corporación, los cuales están respaldados por una boleta de garantías sobre los US$21 millones, que están destinados a reparar los daños que acusa el CDE y restablecer las condiciones de base del salar de Pedernales.
Este grupo de acciones incluye estudios de seguimientos, estudios de bioecología, planes de monitoreo y compensaciones ante la pérdida de ecosistemas en la zona, además de la cesión de derechos de agua.