El senador Pedro Araya anunció que presentará un proyecto de ley para realizar un «perdonazo» a los infractores de la declaración jurada para cobrar el Bono Clase Media ($500 mil)que otorgó el gobierno para paliar la crisis del coronavirus.
Esta iniciativa se suma a la de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, la cual también busca conceder amnistía a quienes obtuvieron el beneficio de manera irregular, pero involuntaria.
¿Qué dijo el senador Araya?
«Muchos de los chilenos que postulan al beneficio de los $500 mil, que probablemente no cumplían los requisitos para obtenerlo, no lo pidieron por frescos, sino porque necesitaban el dinero para pagar deudas, comprar alimentos, entre otras cosas», sostuvo el parlamentario.
«A eso se suma que la implementación de esta medida por parte del Gobierno tuvo un muy mal manejo. Hay que recordar todos los problemas que tuvo la plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos», agregó.
Llamado al Gobierno y proyecto
Debido a lo anterior, Araya indicó que «queremos hacerle un llamado al Gobierno, al presidente Sebastián Piñera y al ministro Ignacio Briones, a buscar una solución».
«En esa línea, junto a otros senadores y al senador Francisco Huenchumilla, vamos a presentar un proyecto de ley con el objeto de otorgar un perdonazo a aquellas personas que actuando de buena fe obtuvieron este beneficio», afirmó.
«Hay que recordar que el Gobierno le ha otorgado beneficios a grandes empresas, perdonando sus deudas tributarias. Entonces, hoy corresponde hacer lo mismo con muchos chilenos que solicitaron este bono de buena fe y porque lo necesitaban», concluyó.
Más de 437 mil trabajadores
El Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó que más de 437 mil trabajadores dependientes obtuvieron el bono de $500 mil alterando su monto de remuneración, tras lo cual se estableció hasta el 30 de noviembre para que restituyan el dinero, sin reajustes, multas ni intereses.
El informe estableció que 400.603 son trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado, mientras que los recursos involucrados alcanzan los US$256 millones.
Tras esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, oficializó la designación de la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para hacerse cargo de la investigación de los casos de obtención fraudulenta del beneficio.
Sobre las sanciones que podrían recaer a estas personas, Abbott sostuvo que «tenemos que discernir entre las personas. Seguramente va a tener un trato diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no la devuelvan».
15 mil personas devolvieron los fondos
En medio del pedido de devolución de los dineros, el SII indicó que cerca de 15 mil personas ya restituyeron los fondos.
«Los que no las devuelvan probablemente tengan un reproche penal intenso, y los que la devuelvan tengan una situación diferente. Porque si la solicitó una personas con recursos y ninguna necesidad, el juicio de reproche es bastante más intenso», aseveró Abbott.