Tomás Domínguez es de Santiago, arquitecto, y hace 20 años que trabaja en la observación de cementerios patrimoniales. Mismo tiempo que lleva estudiando el Cementerio General en cuanto a su conservatorio y patrimonio.
Por eso, en 2011 decidió formar una fundación que aspiraba a hacerse responsable de este patrimonio cultural. La fundación no prosperó, pero «me quedé con la base de datos de los cementerios en Chile y por eso cuando comenzó la pandemia me di cuenta que existía un problema y que podía agravarse aún más». ¿Qué problema? «El colapso de los cementerios en el país y en la región de Atacama», aclara. Y agrega que «trabajo hace 20 años en temas de valorización de cementerios y en los meses de abril, mayo y junio de este año realizamos un estudio sobre la capacidad de los cementerios públicos para ciudades de más de 20.000 habitantes, en el presente de la pandemia y el espacio para el futuro, y los resultados no fueron los más alentadores».
A finales de junio ya tenía los primeros resultados «y en agosto se avisan los resultados a la alcaldía, a concejos comunales y SECPLA, administraciones de cementerios y la respuesta y la reacción de los municipios ha sido muy contraria a lo que me esperaba, pues no han tomado, hasta donde he sabido, ninguna acción seria».
NUEVOS CEMENTERIOS
Dentro de las cien ciudades investigadas, señala que Atacama no salió muy bien parada, ya que los cementerios de Copiapó, Vallenar y Caldera, presentan una realidad preocupante. Caldera puede ampliar su cementerio, pero Copiapó y Vallenar necesitan fundar nuevos cementerios públicos (generales y laicos).
«El cementerio municipal tiene un diagnóstico muy similar al de Copiapó, porque está saturado hace más de 25 años, conforma una macromanzana de 3.7hás que no puede ampliarse y requiere hace décadas un nuevo cementerio público”.
“Desde la Secpla me informaron que existe un proyecto para un nuevo cementerio, pero no dieron detalles concretos de la ubicación del terreno (si existiera), el tamaño, el grado de tramitación y avance de las gestiones. El Informe fue despachado a la Alcaldía y al Concejo a mediados de agosto y se desconoce si existe debate al interior del municipio por este tema», comentó Domínguez.