Fiscalía de Atacama formalizó a un hombre adulto y solicitó su prisión preventiva por peligro para seguridad de la sociedad, pues durante la semana ya había causado daños en una residencia sanitaria en Copiapó.
La Fiscalía de Atacama, preocupada de cada caso que involucre un riesgo para la salud pública de la comunidad con motivo de la pandemia frente al Covid-19, formalizó este sábado a un hombre adulto por infracción al Artículo 318 bis del Código Penal. Quien, conociendo de su positividad ante la enfermedad, se fugó del Hospital Regional de Copiapó.
Los antecedentes de esta causa fueron argumentados en la audiencia respectiva por el fiscal Guillermo Zárate Chacana, quien indicó que el paciente de 53 años eludió los controles del recinto sanitario de la capital regional, logrando salir del recinto la tarde de este viernes con destino desconocido. La Fiscalía tomó conocimiento de ello y ordenó diligencias a personal de la PDI con la finalidad de dar con su paradero al existir un evidente riesgo de contagio para la comunidad.
“De esta manera personal policial lo detuvo en su domicilio cerca de las 20 horas, quedando a disposición del Juzgado de Garantía por incumplimiento al Artículo 318 bis que se refiere a poner en riesgo la salud pública”, dijo el fiscal Zárate.
Como parte de los antecedentes expuestos en la audiencia, se conoció que el pasado jueves el detenido causó daños en una residencia sanitaria en la que permanecía aislado, ocasión en que fue trasladado hasta el Hospital Regional fugándose de ese recinto. Seguido a ello, durante la jornada de ayer regresó por sus propios medios al servicio de urgencia, área desde donde nuevamente se dio a la fuga. Acciones que de acuerdo a la Fiscalía representan un claro riesgo para la población, motivo por el que solicitó su prisión preventiva en la cárcel de Copiapó.
La petición del Ministerio Público fue aceptada por el Juez de turno, quien indicó que el imputado deberá permanecer aislado en el interior del recinto penitenciario para así evitar contacto con el resto de la población penal y funcionarios de Gendarmería.