A dos meses de su ingreso, la iniciativa de parlamentarios de oposición fue visada en general en la instancia de Educación, que abrió el plazo para las indicaciones.
El Gobierno manifestó su rechazo a la propuesta que considera «inconstitucional» y que, calcula, representa un costo fiscal de 18 mil millones mensuales.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que propone suspender el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el estado de catástrofe por la pandemia de Covid-19.
Con 6 votos a favor -todos de oposición-, dos en contra por parte del oficialismo y una abstención, la instancia visó la idea de legislar la iniciativa en su primer trámite, a dos meses de su ingreso al Congreso, que fue el 7 de abril pasado.
La presidenta de la Comisión, Camila Rojas (Comunes), expresó que ven «importante hacer mención especial a los deudores educacionales que muchas veces cargan una mochila más pesada que los demás deudores».
«A los deudores del Fondo Solidario y del CAE, si están en situación de morosidad, año a año se les retienen los impuestos (si son) trabajadores independientes, y si bien este año ha existido la posibilidad de devolución anticipada, como ellos son morosos no tienen esa posibilidad, pese a que estamos en pandemia y en una situación muy difícil».
Además, lamentó «que el Gobierno insista en su inconstitucionalidad».
Comisión de Hacienda comenzará con la discusión del proyecto
El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda, donde este martes serán recibidos diversos actores involucrados, como rectores y organizaciones estudiantiles.
Luego de estas presentaciones, el proyecto será votado el martes por la tarde o miércoles por la mañana.
«(El proyecto) es de una gran envergadura, ya que podría tener consecuencias económicas en el financiamiento de las universidades, no obstante también hay que tener presente que esta crisis afecta a las familias de los estudiantes y es natural que haya dificultades para poder pagar los aranceles y que incluso tengamos estudiantes que tres meses atrás no eran vulnerables y hoy estén en situación de vulnerabilidad e incluso puedan acceder a la gratuidad», dijo el presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC).
«A mí no me consta que este proyecto tenga el impacto fiscal que el Gobierno señala, pero acá lo de fondo es que hay una gran presión del Ejecutivo porque quiere inhibir la labor parlamentaria, particularmente proyectos de ley que presionan al Ejecutivo, porque cubren temáticas en las cuales ellos derechamente se están omitiendo», recalcó el legislador.
«Difícil hacer una ley razonable si de inicio es inconstitucional»
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, expuso que «estamos en presencia de una manera de legislar que, inevitablemente, causa tremendas dificultades y que, además, deja en evidencia una falta de apego al rigor constitucional que solo se traduce en errores. El texto contiene materias exclusivas del Presidente y, por eso, es difícil pretender hacer una legislación razonable si ya el inicio es inconstitucional».
«Y es cómo como consecuencia de darle tramitación a mociones parlamentarias que son a todas luces inadmisibles, como aquí mismo lo han reconocido varios parlamentarios, el efecto que produce darle tramitación a esas iniciativas y las distorsiones que genera en la forma en que se legisla», planteó.
A su vez, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enfatizó en la inconstitucionalidad del proyecto.
«Quiero dejar establecido que este proyecto es a todas luces inadmisible por la sencilla razón que eroga gasto fiscal. En alusión a lo anterior yo espero que este proyecto, como otros inadmisibles, pueda ser refrendados como tales y por lo tanto no ser aprobados en ese merito», dijo la cuidadora.
De hecho, afirmó que ese tipo de beneficio ya existe en la legislación, planteamiento respaldado por el director ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomás Bayón, quien apuntó que «los deudores pueden optar a esos beneficios, el tema es que, si el proyecto habla de una suspensión universal, eso implica un costo fiscal de 18 mil millones mensuales».
«Además, hay derechos de terceros involucrados y se afectan los derechos de las personas que sí quieren y pueden pagar y así cancelar lo antes posible su deuda», agregó.
La Comisión de Educación estableció como plazo para realizar indicaciones al proyecto este viernes a las 12 horas, con el objetivo de retomar la discusión el martes 30 junio.