Recientemente el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 21.229 que aumenta el capital del Fondo de Garantía para pequeños y medianos Empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente los requisitos exigidos. Esta norma busca facilitar el acceso a liquidez a empresas que están enfrentando una disminución significativa de sus ingresos a causa de la crisis sanitaria, evitando la pérdida del esfuerzo de años y permitiendo también mantener los trabajos de millones de chilenos.
Sin embargo, estos procesos deben contar con la debida celeridad, puesto que al tardar los recursos los emprendimientos se verían profunda e irreversiblemente afectados, con el riesgo incluso de desaparecer. Esta premura, no se ha visto en los bancos comerciales, pues los criterios de otorgabilidad de créditos se basan en consideraciones de orden comercial, que son desconocidos y poco transparente para los emprendedores. Realizar evaluaciones comerciales bajo parámetros de normalidad se contrapone precisamente con la necesidad que actualmente aqueja a los emprendedores, careciendo de sentido tomar medidas en este orden y bajo este tenor, cuando en realidad las decisiones se están basando en una mirada exclusivamente comercial, mientras lo que se busca es una mirada social global, fortalecer la economía en medio de una crisis económica. En definitiva, los recursos deben llegar cuanto antes, de otra manera llegarán tarde o simplemente no llegaran al destino para el cual se creó la herramienta legal en comento.
Por otro lado, abundan los casos de emprendedores, especialmente del sector turismo y sector gastronómico, a quienes se les ha planteado desde las
entidades crediticias la dificultad de que puedan acceder a un crédito avalado por el Estado, pues sobre ellos pesaría un incentivo negativo, representado por la incertidumbre de la reapertura de dichos establecimientos que actualmente se encuentran con prohibición de funcionamiento. Esta especie de discriminación o limitantes, son precisamente lo que se quiso evitar con la ampliación de la garantía estatal aprobada por el Congreso. En este sentido, debería ser la ley la que determine la priorización de los destinatarios de los créditos, pues dejarlo en manos del sistema bancario está restando efectividad a la solución propuesta.
Es necesario también evitar que esta medida de emergencia sea aprovechada por los bancos para mejorar sus créditos, haciéndose del pago de acreencias anteriores, pasando a tener un crédito con garantía estatal, lo cual debe ser también estudiado por la Comisión del Mercado Financiero en cuanto a su oportunidad.
Excesiva burocracia, trato desigual para ciertos sectores de la economía y aprovechamiento bancario, no pueden ser conceptos asociados a una política pública que busca velar por la mantención de los emprendimientos que dan la mayor cantidad de empleos en nuestro país. Lo cual ni siquiera es un beneficio, sino una flexibilización para acceder al mercado del crédito, es decir, los costos son asumidos por los mismos emprendedores, que viven y se sustentan por medio de sus negocios, los que hoy están realmente en riesgo.
Se hace necesario revisar el contenido de la norma de la Ley Nº 21.229, con el fin de alcanzar mayores espacios para la flexibilización del acceso al crédito, evitando tratos diferenciados a actores de determinados sectores, pudiendo incluso abrirse a otros actores diferentes a los bancos lo cual generaría mayores y mejores niveles de competencia. Lo anterior debe ir acompañado de medidas complementarias como la que fuera dispuesta por la Ley Nº 19.812 el año 2002, cuyo contenido se hace necesario, existiendo actualmente en este Senado en tramitación el proyecto de ley que busca limitar el uso de la información económica, financiera, bancaria o comercial de quienes quieran acceder a un crédito, seguido bajo el Boletín Nº 13.416-03.
Finalmente, recordar que el sistema económico nacional se basa primordialmente en la bancarización del emprendimiento, teniendo un sistema sólido, capaz de enfrentar una situación como el que nuestro país atraviesa en la actualidad, pero dicha solidez se alcanzó producto de las decisiones del Estado de Chile en el pasado, donde se dispuso de recursos fiscales para evitar que las
entidades financieras llegaran a un colapso irreversible, estimamos también, que es el momento de que la industria bancaria sea capaz de retribuir al país dichas decisiones que fueron en su directo beneficio hace casi cuatro décadas. ES POR LO ANTERIOR, que solicitamos se oficie en nuestro nombre al Ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones Rojas, para que, si lo tiene a bien, estudie acabadamente la posibilidad de introducir modificaciones al decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para pequeños Empresarios, con el fin de que los mecanismos incorporados por la Ley Nº 21.229 otorguen un acceso equitativo a los emprendedores de todos los sectores de la economía, con especial énfasis que permita el acceso a créditos de aquellos que requieren liquidez con mayor premura, en razón de los perjuicios provocados por la crisis sanitaria.