El Ejecutivo insiste en que la «responsabilidad fiscal» impide ofrecer más de 65 mil pesos por persona y la oposición dice que es insuficiente.
El Gobierno confirmó este viernes que enviará un veto presidencial para que el Congreso vuelva a tramitar el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, despachado esta semana sin los artículos esenciales, que fueron rechazados y hacen la ley inaplicable.
La iniciativa fue despachada el miércoles por el Senado, no obstante, todas las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas y quedó sin un mecanismo para distribuir los 802 millones de dólares dispuestos por el Ejecutivo, por lo que es inaplicable.
Como estaba previsto, los senadores de oposición rechazaron una vez más los artículos principales de la iniciativa, que ya habían sido rechazados en la Cámara Baja, los que tienen que ver con la forma de distribuir los recursos que implica la ley, es decir, el detalle de los 65 mil pesos por persona, que equivale a cerca de 240 mil pesos para una familia de cuatro integrantes.
La oposición considera insuficiente el monto que se destinaría a las personas que no tienen ingresos formales para quedarse en sus casas y no exponerse a contagios y a contagiar, y algunas voces, como el senador DC Jorge Pizarro, han pedido que se aumenten a 1.200 millones de dólares; pero en el Gobierno han descartado incrementar los fondos apuntando a la responsabilidad y a que la capacidad de Fisco «no es infinita».
En este marco, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, anunció hoy que presentarán un veto, luego de haberse reunido con senadores y diputados de Chile Vamos «para poder conversar en torno a lo que ha ocurrido en la tramitación, para poder acordar algunos puntos», y en la cual también le solicitaron ingresar el veto, lo que ya evaluaban en el Ejecutivo.
Ward subrayó que «es un proyecto que beneficia a la ciudadanía», a 4,5 millones de personas, según cálculos del Gobierno, en tanto que, fustigó, «tal como ha dicho el Presidente, hay dos formas de oponerse a un proyecto: juna, es decir que no, y otra, pedir algo imposible».
Recordó que en una reunión formal que sostuvo, junto al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con los jefes de bancada en el Congreso, «se nos hizo una propuesta que era cuatro veces más cara en materia de recursos fiscales», ante lo cual, expuso, la postura del Ejecutivo es que «es necesario ser responsablemente fiscalmente, uno no puede gastar todos los recursos que tiene porque no se sabe cuánto va a durar» la pandemia de coronavirus y sus efectos.
Aún no se define si será un veto aditivo, para incorporar otras indicaciones, o sustitutivo, para reemplazar el mecanismo de entrega de beneficio. Por ahora, se prevé que se ingrese la próxima semana.
Sí se sabe que no se incorporará la discriminación del proyecto original que fijaba pagos menores a quienes están dentro del 60 por ciento más vulnerable en comparación a quienes están en el 40 por ciento.