Luego de la controversia que se ha generado entre apoderados y sostenedores de colegios particulares debido al cobro de las mensualidades en medio de la emergencia sanitaria, expertos llamaron a las autoridades de educación a legislar y transparentar los costos del sistema escolar pagado.
Desde la Superintendencia de Educación Escolar reconocieron que no existen herramientas para abordar de mejor manera este problema, realizando un llamado a no judicializar el conflicto.
El año 2014, en plena discusión política del Proyecto de Inclusión que puso término al lucro, al copago y la selección en los colegios, hubo un sector del sistema escolar que no fue tocado por la reforma educacional de Michelle Bachelet. Se trata de los establecimientos particulares pagados.Con un 7% de la matrícula escolar del sistema, estos colegios hoy se encuentran enfrentados con sus apoderados, quienes han decidido acudir a los tribunales, para exigir a los sostendores un menor pago de las mensualidades, debido a que la entrega del servicio educativo no está siendo presencial debido a la pandemia.
Gonzalo Muñoz, director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Diego Portales, sostuvo que, si bien nadie estaba preparado para una emergencia de esta envergadura, esto también revela que el Estado tiene escasas herramientas para fiscalizar al sector particular pagado, por lo que considera necesario un proyecto de ley, para darle transparencia.
“Esto supone obviamente una legislación básica que obligue a esos establecimientos dado que finalmente prestan un servicio público como la educación, lo hacen a través de un acuerdo privado, pero es público, eso podría colaborar”, sostuvo.
El superintendente de Educación Escolar, Cristián O’Ryan, aseguró que la normativa quedó corta en varios ámbitos debido a la emergencia, agregando que la judicilización del tema podría causar mayores problemas al funcionamiento de los colegios, por lo que llamó a las partes a negociar.
“Hoy no existen a lo mejor las herramientas para poder intervenir de manera más directa, pero existe sí la institucionalidad, pero judicializar los temas educacionales… Normalmente nunca se llega a buen puerto”, aseguró.
Por su parte, Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa, aseguró que el marco legal que rige a los colegios particulares pagados, deja en la indefención a los estudiantes y apoderados, señalando que es necesario avanzar en una mayor incorporación de la tecnología en el ámbito escolar.
“Claramente el marco legal para los colegios particulares pagados deja en una indefensión desde el punto de vista educativo a los estudiantes y a los apoderados y esto no puede resolverse solamente a través del Sernac”, abundó.
Desde el ministerio de Educación han señalado que este es un problema entre privados, tomando palco de lo que ocurre en los colegios pagados, donde el rol protagónico lo ha asumido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que informó que se han presentado 12 mil reclamos en tiempo de coronavirus, donde educación se ubicó en el segundo lugar, con un 21,8%.
De ese total, las universidades concentran la mitad de los casos, seguidas de los institutos profesionales con un 24,8% y los colegios con un 9,9%.