«Cabe preguntarse si estas autoridades llegaron en calidad de servidores públicos o de forma particular». Las palabras de Pablo Ogalde, candidato a alcalde por Vallenar, se enmarcan luego de que denunciara intervencionismo político por parte del intendente de Atacama y secretarios del Gobierno Regional (Gore) tras participar en un banderazo y la inauguración de la sede de campaña de los candidatos oficialistas de la Nueva Mayoría que competirán en esa comuna.
La acusación fue realizada el sábado a través de la radioemisora que Ogalde dirige. Ante esto, los candidatos a alcalde por Vallenar Roberto Alegría (RN) y Armando Flores (independiente) llamaron a que el Gore «sea coherente, en los hechos con el discurso», y que explique la situación generada, ya que daría «pábulo para que cualquier candidato se permita hacer lo que quiera».
Y es que según añadió Fernando Ghiglino, consejero regional (Core), de cara a las elecciones municipales de octubre «se está haciendo uso y abuso de muchas actividades públicas en beneficio de los candidatos oficialistas».
Cuestionamientos
Respecto al banderazo y posterior inauguración de sede de campaña, y según cuestionó Ogalde, la situación obedecería a un cuadro de «intervencionismo de parte de las autoridades» para con el candidato a alcalde de la Nueva Mayoría, Cristian Tapia.
«Anteriormente ya había ocurrido en el Club Social, donde se reunió el intendente, la gobernadora, entre otras autoridades, donde dieron una conferencia para proclamar a los candidatos de la Provincia del Huasco. Cabe preguntarse si estas autoridades llegaron en calidad de servidores públicos o de forma particular. Pero, a mitad de semana, me causa cuidado que vengan por las suyas», arremetió.
En este sentido, el candidato indicó que resultaría necesario conocer «si andaba (el intendente) en comisión de servicio, vino con vehículo fiscal o andaba en su auto particular. Yo hice una denuncia pública, pero hasta el momento nadie se ha pronunciado. Para mí, quien calla otorga».
Roberto Alegría (RN), también candidato a alcalde Vallenar, adhirió a que el Gore entregue explicaciones de los hechos, ya que a su parecer «da pábulo para que cualquier candidato se permita hacer lo que quiera. Si hubiera sido así, es gravísimo».
A esto, añadió que observarían «una muy mala intención, un intervencionismo dañino para la misma democracia. Deberían explicar porque eso no corresponde», aseguró Alegría.
En tanto, Armando Flores, quien también disputará el sillón edilicio de Vallenar, invitó al Gore «a que sea coherente en los hechos con el discurso, dando muestras claras de que tiene las capacidades para ser garante de un proceso eleccionario ejemplar, en el que la comunidad pueda confiar plenamente».
Por su parte, el core Fernando Ghiglino puntualizó que, ad portas de las municipales, «se está haciendo uso y abuso de muchas actividades públicas en beneficio de los candidatos oficialistas. Eso está claro».
Dictamen de contraloría
En el marco de los comicios municipales que se realizarán el 23 de octubre, y conforme a lo dispuesto en la Ley 20.873, Contraloría General de la República emitió un dictamen el pasado 3 de febrero donde se establece una serie de instrucciones que, entre otros aspectos, prohíben a los funcionarios públicos realizar proselitismo político.
En este contexto, el documento sostiene que el artículo 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo prohíbe a los funcionarios regidos por ese cuerpo legal «realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones».
La circular agrega que, en el desempeño de la función pública, los empleados estatales, cualquiera sea su jerarquía y el estatuto jurídico que los rija, están impedidos de realizar actividades de carácter político contingente y no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas o participar en reuniones o proclamaciones para tales fines (…) y, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, candidaturas, tendencias o partidos políticos.
Por el contrario, el documento de Contraloría expresa que al margen del desempeño del cargo, el empleado, en su calidad de ciudadano, se encuentra habilitado para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza.
No obstante, al consultar por la situación que alude en forma directa al intendente y otras autoridades, respecto a si participaron en ambas actividades dentro o fuera del horario laboral, desde el Gobierno Regional señalaron que «no se emitirá opinión al respecto».
Fuente y Foto: Diario Atacama, edición 15 de septiembre, crónica pag. 6