Atacama está entre las cuatro regiones con menor número de beneficiados
Ayer viernes comenzó a regir la nueva ley que permitirá que 1.860 internos a nivel nacional, quienes han cometido delitos menores y son población de riesgo ante el Covid-19, o tienen permisos de salida, puedan cumplir el resto de su pena bajo arresto domiciliario.
En la región de Atacama serán en total 37 internos beneficiados quienes ya fueron notificados de beneficio que les permitirá permaneces bajo arresto domiciliario, así lo confirmó el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien el día viernes notificó a los primeros beneficiados en la Región Metropolitana, señalando que deben cumplir estrictamente su arresto domiciliario total, así como otras medidas de control impuestas por Gendarmería, porque de lo contrario perderán el indulto y volverán a cumplir sus penas en la cárcel.
La región de Atacama, según el desglose nacional, está entre las cuatro regiones con menor número de beneficiados, cuya lista de menor a mayor la encabeza región de Aysén con 5 internos, luego Magallanes con 20, Los Ríos con un total de 24 internos, Atacama 37 y luego O’Higgins con 39, Ñuble: 43 y Los Lagos con 49 internos beneficiados.
En tanto la región Metropolitana encabeza tiene el mayor número de reos beneficiados con la nueva Ley de Indultos Conmutativos, llegando a los 557.
Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control, a través de una aplicación, junto tener con la obligación de contestar cada llamada sorpresa que puedan recibir durante el día desde la institución.
La iniciativa comprende indultos generales conmutativos de penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años de edad, mujeres mayores de 55 años, mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de 2 años de edad; y consiste en conmutar la pena por reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.
Todos los indultados cumplieron ya al menos la mitad de sus condenas y a ninguno le restaba más de 36 meses de presidio; excepto en el caso de embarazadas, en que se exigió un tercio de la pena, y mayores de 75 años, sin mínimo.
La ley excluyó del beneficio a condenados por delitos de gran gravedad, tales como tortura, violación, cualquier delito sexual contra menores de edad, femicidio, homicidio, trata de personas, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad, entre otros.