Fiscal jefe de esta comuna indicó que la investigación de esta causa se extendió desde el año pasado junto a personal de Brigada Antinarcóticos de la PDI.
La Fiscalía de Atacama formalizó ayer jueves a cuatro mujeres con residencia en Caldera, por su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. Esto luego de un procedimiento llevado a cabo junto a la Brigada Antinarcóticos de la PDI.
De acuerdo a lo manifestado por el fiscal jefe de esta comuna, Alvaro Córdova Carreño, desde el mes de septiembre del año pasado la Fiscalía Local de este puerto abrió una investigación a partir de antecedentes que daban cuenta de la venta de droga por parte de una mujer, ordenando amplias diligencias investigativas a la mencionada unidad especializada de la PDI.
A partir de este trabajo indagatorio fue posible obtener información que indicaba que la mujer se trasladaría a otra zona del país a buscar droga, realizando así el trabajo de vigilancia y seguimientos que derivó en un control carretero en el sector del Peaje Totoral.
“En el control policial a la que fueron sometidas las cuatro imputadas que se movilizaban en un vehículo particular, personal de la PDI determinó la presencia de distintos contenedores embalados en cuyo interior eran trasladados más de dos kilos de pasta base de cocaína. Droga que tenía como destino a consumidores de esta comuna”, dijo el fiscal.
En la audiencia, dada la gravedad del delito, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todas las imputadas, todas mayores de edad, petición que no fue acogida por parte del Juzgado de Garantía. En este sentido Córdova indicó que difiere de la decisión del Tribunal en el caso de dos de las imputadas, en contra de quienes se acreditó su participación en el delito investigado, debido a que el argumento para negar la prisión preventiva fue la actual situación carcelaria que supone un riesgo para la salud.
En este sentido el fiscal indicó que de acuerdo a la visión de la Fiscalía el delito de tráfico de drogas es grave y que además trae asociados delitos en contra de la seguridad pública, sumado a que las imputadas no forman parte de los grupos de riesgo y que la cárcel de Copiapó, a la fecha, no presenta casos positivos de Covid-19.
Fue por esto que el fiscal apeló a la decisión en audiencia respecto de estas dos detenidas, elevando los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Copiapó, para que sea esta instancia judicial la que se manifieste respecto de las medidas cautelares que deberán cumplir las imputadas.