“Sería muy injusto que por causas de fuerza mayor, como es esta pandemia, pequeños empresarios y personales naturales quedaran ´muertos´ comercialmente”, señaló el parlamentario
El diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet (FRVS), junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto de ley que prohíbe que se informe de las deudas de personas naturales y Pymes a DICOM durante el Estado de Catástrofe, e incluso 180 días después de pasada la medida producto de la pandemia del COVID-19.
Al respecto, el parlamentario señaló que “este es un proyecto muy sentido, y nació de los propios pequeños empresarios y pymes de la región de Atacama que nos plantearon el tema, y esperamos sinceramente que tenga una rápida tramitación y aprobación en el Congreso, porque yo creo que está muy en el sentido de lo correcto, dado que hay muchos pequeños empresarios y personas naturales que no van a poder pagar una cuota o dos cuotas de un crédito y van a quedar con sus papeles comerciales dañados, y no van a poder recurrir después a la banca o a una casa comercial o tener un crédito”.
“Sería muy injusto que por razones ajenas a su voluntad, en este caso por la fuerza mayor que es el hecho de la pandemia, pequeños empresarios y personas naturales puedan quedar “muertos” comercialmente. El DICOM es muy dañino para un pequeño empresario y si bien uno puede entender que exista, que vaya respecto de la gente que incumplió pero no frente a una situación de fuerza mayor, por eso que el eliminar los registros en este periodo es una aspiración real y yo espero que el Congreso lo apruebe”.
Entre sus argumentos, el documento plantea que “según el último informe de Equifax, en un estudio elaborado junto a la Universidad San Sebastián y MapCity, el último trimestre de 2019 la cantidad de morosos aumentó en 100 mil personas, arrojando un total de 4.630.517 deudores con un promedio de deuda de $1.864.724“.
Y en este contexto, la iniciativa establece que muchas de las personas que son morosas “lo más probable es que no puedan solventar su deuda ya existente y mucho menos financiar la deuda que contraigan por la actual crisis sanitaria que atravesamos”. Por lo tanto, los diputados firmantes consideran “de toda lógica” que exista una protección especial a las personas que tienen créditos y deudas con los bancos e instituciones financieras, por lo que proponen impedir que se informe al boletín comercial aquellas deudas que fueron contraídas con anterioridad a la alerta sanitaria y aquellas que se contraigan durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.