Dirigentes de asociaciones de trabajadores manifestaron en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que, durante esta pandemia, no existen garantías de participación ciudadana ni de consulta indígena respecto de diversos proyectos en evaluación.
Por vía telemática, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados escuchó el testimonio de representantes de trabajadores del sector, que han solicitado a las autoridades que suspendan los plazos de las evaluaciones ambientales, pero que, hasta el momento, no han tenido respuesta para resolver el tema por la vía administrativa.
Por lo anterior, el grupo parlamentario estudia un proyecto de ley -surgido en moción-, que suspende los plazos establecidos en la Ley del Medio Ambiente para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental.
Andrea Espinoza, presidenta de Anfusea (Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental), informó que actualmente hay 458 proyectos: 56 en evaluación de impacto ambiental y 402 en declaraciones de impacto ambiental.
La dirigente agregó que las actuales condiciones afectan la consulta indígena porque los consultores también están en restricción sanitaria y no se pueden hacer reuniones con la comunidad. Por otra parte, dijo que no cuentan con la tecnología adecuada para una correcta evaluación o para que pidan la suspensión de esta.
En tanto, Francisco Cabrera, presidente de Fenatrama (Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente), que agrupa a funcionarios de la Superintendencia y del Ministerio de Medio Ambiente, así como del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que no se puede hacer la labor evaluativa porque no se puede ir a terreno, levantar información y desplegarse en el territorio.