Ante la compleja situación que atraviesa la región y el país, por estos días, el Consejo Regional de Atacama, como órgano público colegiado según la Ley Orgánica Constitucional N°19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, desea declarar a la opinión pública lo siguiente:
1.- Reconocemos las legítimas demandas sociales que son transversales y que manifiesta la comunidad, donde el Estado de Chile y sistema económico, no ha tenido la capacidad de resolver en años, en décadas y, hoy día, hace crisis.
2.- Esta crisis, que se ha manifestado en las calles y en las distintas comunas de la región y el país, no puede dar espacio para la delincuencia, para el lumpen, para tergiversar la legítima demanda social y menos llevar a un estado de guerra por la irracionalidad de unos pocos.
3.- Rechazamos todo aprovechamiento que se genere ante esta legítima demanda social para transformarla en un foco de delincuencia o de represión de Estado, que no conduce a nada. En ese punto, el gobierno es el mandatado y responsable del orden público.
4.- Por lo anterior, como Consejeros Regionales de todas las bancadas políticas pedimos cordura y responsabilidad sobre todo a la clase política, tanto del parlamento como del gobierno, para que podamos dialogar y buscar soluciones. Convirtiéndose en la contraparte que reciba y dé solución a la demanda social.
5.- Nuestro llamado es a manifestarse de forma pacífica expresando libremente sus inquietudes y demandas en pos de soluciones. Ejercicio que desde este Consejo Regional se ha practicado con resultados concretos que han traído instrumentos resolutivos en vivienda, salud primaria y agricultura, entre otros. Escuchar y construir política pública con la gente, es el fin de la democracia.
6.- Pedimos evitar caer en burocracia para poder resolver los problemas, ya que esto condiciona por meses en buscar soluciones efectivas y concretas. Evitemos centrarnos en temas irrelevantes y seamos capaces de concentrarnos en los temas que realmente preocupan a las personas.
7.- El llamado es a no continuar con el mensaje de un Estado de emergencia que obliga a una protección militarizada, sino por el contrario, convoquemos a un Estado de emergencia politizado donde se resuelvan las legítimas demandas con carácter de urgencia en un pacto social y si, evitar esta burocracia significa la modificación de la Constitución Política de Chile, entonces es necesario hacerla, siendo el principal interlocutor del movimiento social, las organizaciones vivas de la comunidad.
8.- Como representantes de los distintos sectores políticos pedimos volver a la normalidad sin que esto sea manejado por las fuerzas armadas, sino por el sector político que enmiende el error que cometió por décadas y que el movimiento social en lucha, a través de este estallido social, reclama solución.