La iniciativa, que cuenta con el apoyo de los parlamentarios, Juan Ignacio Latorre (RD), Francisco Huenchumilla (DC) y de la senadora Adriana Muñoz (PPD), busca responder y terminar con las medidas restrictivas adoptadas en julio de 2019 por la Dirección del Trabajo hacia los Asistentes de la Educación del país.
El pasado 11 de julio, la Dirección del Trabajo (DT) emitió el dictamen Nº 3445/022 que interpreta la Ley Nº 21.152 sobre Asistentes de la Educación, en el cual privó a funcionarios que se desempeñan como administrativos y auxiliares de los beneficios y derechos contemplados -desde octubre de 2018- en del Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (Ley N°21.109). Ante esta situación, que afectó arbitrariamente a un número importante de trabajadores, los senadores Yasna Provoste (DC) y Juan Pablo Letelier (PS), presentaron un proyecto de ley interpretativo, con el fin de definir y declarar una lectura única del Estatuto y así evitar cualquier infracción y desconocimiento del derecho educacional vigente.
En lo particular, el texto señala que se interprete, de manera expresa, que las normas establecidas en el Párrafo 1° del Título III de la Ley N° 21.109, alcanzan a todos los Asistentes de la Educación que desarrollan sus funciones en Establecimientos Particulares Subvencionados, sean estos fundaciones, corporaciones, gratuitos o con copago, y cumplan sus funciones tanto fuera como dentro del aula.
RESPALDO LEGISLATIVO
Desde las voces de los senadores Provoste y Letelier, se declaró como altamente preocupante el dictamen evacuado por el Director del Trabajo, al buscar establecer una distinción discriminatoria al interior del gremio de los asistentes de la educación respecto de aquellos que tienen, a juicio de la DT, un trato directo con niños y niñas en el aula.
“No hay ninguna razón para que el Estatuto de los Asistentes de la Educación discrimine a aquellos Asistentes de la Educación del sector Particular Subvencionado. En este sentido, y para que no quede ninguna duda, es que estamos ingresando un proyecto de ley interpretativo que no deja espacio para la discriminación, que no deja espacio a la arbitrariedad; pero -sobre todo- que no deja espacio para las humillaciones que tanto les gusta a algunos”, expresó la legisladora por Atacama, quien además es miembro permanente de la Comisión de Educación del Senado.
Por su parte, el congresista por la región de O’higgins explicó que “lo que hace esta ley interpretativa es dejar en claro que no se puede aceptar ningún tipo de discriminación. Que lo que ha hecho la DT no es correcto y atenta a lo que aprobó el Congreso Nacional, que es la igualdad ante la ley; sin importar que uno esté en un colegio municipal, corporación, Servicio Local de Educación o en colegios Particular Subvencionados”.
Explícitamente, el proyecto de ley establece un “artículo único” que señala se declare, “interpretando el artículo 56 de la Ley N° 21.209 que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, que los art. 38, 39, 40 y 41 del referido texto antes citado, benefician en cuanto a sus efectos a los asistentes de la educación, entendidos como tales quienes colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas establecidas en el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997; sean del estamento técnico, administrativo o auxiliar, realicen sus tareas en aula o fuera de ellas y que presten servicios en educación parvularia, básica y media, en establecimientos que reciban subvención por parte del Estado, cualquiera sea su forma de organización, conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998.”