Cheques girados por a lo menos $407.738.740, desde las cuentas corrientes correspondiente al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP), Subvenciones y Resto, a cuentas personales de funcionarios del Servicio Local de Educación Publica (SLEP) Huasco, entre otras situaciones, son parte de una investigación que solicitó la ministra de Educación en diciembre del año pasado.
La investigación, no sólo compete al SLEP Huasco, sino que también al de Barrancas, Puerto Cordillera y Costa Araucanía, donde se investigan supuestas “irregularidades” en la administración de la Dirección de Educación Pública.
Según auditoría realizada a los Servicios Locales de Educación, se “han constatado una serie de irregularidades, derivadas principalmente de deficiencias y desórdenes financiero contables y falta de control en el uso de los recursos públicos destinados a Educación”.
En el caso de Huasco, se habría detectado “cheques girados por a lo menos $407.738.740, desde las cuentas corrientes correspondiente al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Subvención Escolar Preferencial (SEP), Subvenciones y Resto, a nombre de funcionarios del SLEP, quienes habrían depositado dichos fondos en cuentas bancarias personales, sin que exista certeza acerca del destino final de tales recursos públicos”.
Asimismo, “existen diferencias no aclaradas de $2.969.671.546 en la cuenta Subvenciones del Servicio Local de Educación de Huasco, respecto de transferencias efectuadas por la Subsecretaria de Educación. También se detectaron 32 cheques en blanco con la firma del Director (s) del Servicio Local de Educación de Huasco, quien por lo demás no se encuentra autorizado por la Contraloría General de la República como girador de cuentas corrientes de ese Servicio”.
También se dan a conocer “sobregiros en la cuenta corriente de Subvenciones del Servicio Local de Educación de Huasco, por un total de $278.839.492, lo que infringe lo establecido en el inciso tercero del artículo 32 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, de Hacienda, el cual dispone que los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el monto de los respectivos depósitos sin que puedan sobregirarse”.
Igualmente, existe una “deficiencia en el traspaso de muebles, el 68,7% del total de establecimientos educacionales no cuentan con el registro de inventario de muebles, y falta contabilización de tres facturas por la compra de vehículos las que ascienden a un total de $48.863.988”, señala el documento.
El informe manifiesta que “las actuaciones de los funcionarios públicos en estos hechos podrían configurar el delito de Malversación de Fondos Públicos, dispuesto en los artículos 233 y 234 del Código Penal, como del mismo modo, podría configurarse el delito de Desviación de Fondos Públicos, dispuesto en el artículo 236 del Código Penal, o bien, aquel delito tipificado en el artículo 239 de ese mismo cuerpo normativo, el que corresponde al delito de Fraude al Fisco”.