“La prisión preventiva, es decir, la privación de la libertad durante el tiempo que dura el proceso penal en contra de los imputados, no fue suficiente afectación. Nuestro sistema penitenciario, sus cárceles, proveyeron un castigo adicional”.
Dicha frase pertenece al informe anual que realiza la Universidad Diego Portales en materia de Derechos Humanos, respecto el caso de Jonathan Chávez y Cristián Romero, formalizados a fines de junio por asaltar y asesinar una mujer de 40 años que trabajaba en el barrio República. El mismo día que ingresaron al penal de Santiago 1 fueron golpeados y electrocutados.
En el documento, al cual tuvo acceso Emol, se alude a este hecho para graficar la realidad de los penales en Chile y concluir que los privados de libertad viven de una manera “inhumana”.
También, que las políticas públicas respecto al tema “han fracasado constantemente”, generando además un “grave incumplimiento” de los múltiples tratados internacionales ratificados por nuestro país. Aquí, el detalle del estudio que abarca el periodo entre julio de 2017 y julio de este año.
Hacinamiento, infraestructura y agua potable En base al informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, y para el cual se visitaron 53 de los 93 centros penitenciarios, se indica que hay ocho regiones donde las cárceles superan el límite de su capacidad, llegando a duplicarse en algunos casos.
Por ejemplo, el Centro Penitenciario Femenino de Talca alberga a 100 personas pese a estar construido para 36.
Así también, se constató que Gendarmería ha establecido un sistema de horarios que resulta “completamente disfuncional a los objetivos de reinserción social”, ya que hay internos que pueden pasar encerrados en celdas individuales o colectivas entre 14 y 16 horas diarias. “Esto tiene como agravante que, en general, se encuentran encerrados sin luz natural, sin ventilación adecuada y sin servicios higiénicos”, añaden.
En cuanto a deficiencias en la estructura, en el CCP de Copiapó “los espacios son reducidos, no hay comedores y los escasos baños que existen están en estado deplorable”.
En Ovalle, en tanto, “se constatan graves deficiencias en el sistema eléctrico, con alto riesgo para los internos y funcionarios, como tampoco se cuenta con una red húmeda ni seca para casos de incendio”.
“En Chile tenemos fenómenos muy relevantes de torturas por parte Gendarmería y es un tema que también ocurre a nivel Latinoamericano. Y si bien estamos en una alta escala de violencia entre internos, no estamos a la altura de otros países como México o Brasil, donde hay vendettas graves y sangrientas”, explicó a este medio el abogado a cargo del informe, Eduardo Alcaíno
El estudio concluye indicando que la política penitenciaria local “no ha sufrido una reforma sustancial” y que los esfuerzos por intentar resolver la situación “se han concentrado en soluciones locales y de corto plazo”. Por esto, proponen al Estado ejecutar una política que implique disminuir la población penitenciaria actual. Para esto, se indica que la principal herramienta es, “prioritariamente, dejar de encarcelar personas cuando tiene otros medios disponibles idóneos y más efectivos, como son las medidas alternativas a la cárcel”, para lo que “se requiere de un compromiso y una política de largo plazo”.
En esa línea, Alcaíno indicó que “el hacinamiento es la principal causa de una serie de problemas, y eso es algo general en Latinoamérica. Producto de la sobrepoblación surgen una serie de cuestiones ligadas a malas condiciones de vida, de higiene, acceso a agua potable, producción de fenómenos de violencia”.
Situaciones como estas se replican en diferentes puntos del país.
Fuente Emol.com