Tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera del proyecto de ley de Integridad Pública, el Intendente Subrogante de la región de Atacama, Manuel Corrales, fue categórico a la hora de referirse a los casos de corrupción al interior de los órganos del Estado.
Iniciativa que eleva los estándares en materia de integridad mediante criterios que imperen cuando se evalúen las competencias y los méritos de aquellos parientes o personas relacionadas que ingresen a trabajar en el servicio público.
En este sentido, el Intendente (s), señaló “no queremos que el parentesco sea una ventaja para ingresar a trabajar como funcionario del Estado, pero tampoco queremos que sea a priori un impedimento; creemos que es fundamental regular la contratación de parientes y hacer frente a potenciales conflictos de interés a todo nivel».
«La política chilena se ha visto desprestigiada en el último tiempo por casos que, con justa razón, son reprochados por la opinión pública, los cuales vinculan a familiares de funcionarios quienes no poseen competencias para ejercer cargos administrativos en el sistema público», agregó.
Proyecto de ley que no sólo involucra al Gobierno Central, sino también a Contraloría, a los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades y al Congreso. “Nadie puede ni debe restarse de estas medidas de transparencia y probidad, porque es tarea de todos robustecer el prestigio de nuestra política; el Estado debe estar al servicio de los chilenos y para eso necesitamos la ayuda de todos. Vamos a abrirle la puerta a quienes tengan mérito y vocación pública, mientras que le bloquearemos el acceso a quienes persigan un interés o beneficio personal”, finalizó la autoridad regional.
Detalles del Proyecto de Ley
Iniciativa en la que de ser aprobada, la contratación de parientes por parte del Presidente(a) de la República estará sometida a un informe previo del Servicio Civil, se pondría término a la disposición que permite a los ministros contratar a sus cónyuges o parientes (sin ningún tipo de exclusión) en el mismo ministerio donde desempeñan sus funciones para contrataciones de su servicio respectivo.
En esta misma línea, la iniciativa exigiría un informe del Servicio Civil en el caso de cónyuge, conviviente civil y pariente por consanguinidad hasta tercer grado o por afinidad hasta segundo grado en ministros, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, jefes de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados; los congresistas, contralor, subcontralor y otros altos cargos de Contraloría tendrán la prohibición de contratar al cónyuge, conviviente civil y parientes por consanguinidad hasta tercer grado y al segundo grado por afinidad, para desempeñarse como ministros, subsecretarios y jefes de servicio se establece una inhabilidad para quienes hayan realizado lobby respecto del organismo al que quieran ingresar con 12 meses previos a su nombramiento.
Finalmente, en el caso de los ex ministros, ex subsecretarios y ex jefes superiores de servicio, estos no podrán prestar ningún tipo de servicio o adquirir participación en propiedad de entidades que hayan sido sujeto de fiscalizaciones por entidades relacionadas con su ministerio, sumándose a ello la prohibición de que estos realicen lobby por 12 meses tras el cese de sus funciones en la misma institución donde se desempeñaron.